Hoy y Después en Valencia

Alfredo Fermín

El año pasado, cuando el gobernador Luis Felipe Acosta Carles quiso ponerle la mano al Magallanes, el presidente Chávez le ordenó que dejara quieto al equipo y que se dedicara a gobernar. Y en efecto así lo hizo. Pero ahora le ha tocado al Salón Michelena y es posible que, esta vez, sí cumpla su cometido porque, aunque es una institución muy querida, no tiene el peso financiero para que se arme un escándalo como produjo la intención de meterse con una divisa deportiva, que forma parte del sentimiento nacional.

Lo que se pretende hacer con el Salón Michelena produce indignación e impotencia en quienes hemos dedicado parte de nuestras vidas a promoverlo, a estimularlo y a mantener su continuidad como la confrontación artística más trascendente en la historia de las artes plásticas venezolanas. Esa muestra es una gesta de los animadores culturales de Valencia. Como las de todos los gobernadores que ha tenido Carabobo desde 1971, hemos observado las actuaciones del general Luis Felipe Acosta Carles, en sus tres años de gobierno, y hemos llegado a la conclusión de que no es un hombre que actúa de mala fe. Pero se deja llevar por lo que dicen sus colaboradores, algunos con total desconocimiento de las responsabilidades que les ha asignado, por lo cual lo meten en conflictos innecesarios que reducen su popularidad. El decreto fechado el 23 de enero de este año, publicado en Gaceta Oficial, es una demostración de un total desconocimiento de lo que es y ha sido el Salón Michelena durante 64 años de existencia.

Para recordar

Al gobernador no le han informado suficientemente que el Salón Michelena fue creado por el Ateneo de Valencia, una asociación civil, fundada en 1936, de derecho privado de carácter cultural, no partidista, ni religioso, sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En 1943, cuando se cumplían 40 años de la muerte de Arturo Michelena, en la junta directiva que presidía Chuchuíta Carabaño de Díaz fue acordado organizar un salón con su nombre para no sólo honrar su memoria, sino “para contribuir a estimular, confrontar y dar a conocer la obra creativa de pintores de nuestro país”.

El presidente del estado de entonces, Tomás Pacanins, se entusiasmó con la iniciativa y decretó el Premio Arturo Michelena, consistente en mil bolívares para el mejor cuadro que se presentara en el Salón. El decreto del 29 de julio de 1943, que no ha sido derogado, establece en su artículo 2 que “el Ateneo de Valencia o el centro cultural, artístico o científico donde se exhiban las obras pictóricas, nombrará el jurado que ha de conocer los méritos de ellas”. De tal manera que, en ninguna parte, se dice que el Salón Michelena es propiedad de la gobernación del estado. Si es porque da el Premio Michelena, el mismo argumento lo podría esgrimir el Concejo Municipal de Valencia, que al mismo tiempo creó el Premio Andrés Pérez Mujica, que se ha concedido igual número de veces, compartido en los últimos años por el Consejo Legislativo.

Cuando el gobernador propuso ponerle la mano al Magallanes, en cierto modo podría haberlo hecho, porque la gobernación es accionista de esa fundación. Pero en el caso del Salón Michelena no, porque sólo es un miembro protector, un colaborador por intermedio del Consejo Legislativo, que aprueba los recursos para los premios que concede.

Incre íble pero cierto

Evidentemente no se podría argumentar que el conflicto ha sido provocado para mejorar el Salón que funcionaba de manera admirable, según la crítica especializada del país. Existe la intención de venganza entre personas que mantienen diferencias personales, por lo que resulta imperdonable destruir una institución que ha estado al servicio del arte venezolano.

Con la toma de su sede, que es de su legítima propiedad, el Ateneo de Valencia se ha visto en la penosa necesidad de pedir espacios prestados para tratar de presentar la segunda versión del Salón como bienal, y lo hace en medio de increíbles dificultades, increíblemente abandonado a su suerte. Porque en esta ciudad, donde hay tan brillantes abogados, no se ha contado con su colaboración para pedir justicia, para impedir este atropello sin sentido.

Se nos ha informado que sólo por introducir la solicitud de un recurso de amparo, los honorarios que piden los abogados son 25 millones de bolívares, que por supuesto la institución no los tiene. Estando así la justicia y teniendo el Gobierno todas las de ganar, porque cuenta con reales como arroz, es por lo que vemos demasiado difícil que la situación se resuelva por vías judiciales. Por eso insistimos en la necesidad de un diálogo entre las partes en conflicto, con la participación de los artistas y los animadores culturales, independientemente de la posición que tengan frente a la actuación de la junta directiva del Ateneo.

La situación no se resolverá si a los trabajadores del Ateneo no se les hace justicia, pagándoles lo que se les debe, y quien puede hacerlo es el Gobierno, que suspendió por cuestiones políticas el subsidio al Ateneo. El salón paralelo, que se anuncia, está condenado al fracaso, porque los creadores de este país no están de acuerdo con esta situación brutal, impropia del mundo cultural, y no participarán. Tendremos una comparsa de aprovechadores, un intento de mostrar por arte lo que no es. Sería, utilizando el argot deportivo, una caimanera, no una exhibición de la categoría del Michelena.

EL CARABOBEÑO 27-01-08

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